Entrevista realizada para «PAPELES OECA«, revista del Observatorio Empresarial para la Consecución de la Agenda 2030
El pasado 29 de junio la Fundación Alares le otorgó el Premio Nacional a la Conciliación de la Vida Familiar, Laboral y Personal y al Fomento de la Corresponsabilidad, un reconocimiento a una trayectoria y un compromiso de muchos años que usted ha definido como “un aliento para seguir trabajando por la igualdad”. ¿Podría destacarnos los principales avances en conciliación y corresponsabilidad que se han conseguido en España?
Es indudable que hoy es posible hablar de un problema como el de la conciliación familiar y laboral porque la sociedad ha cambiado su conciencia y ha sabido denunciar una desigualdad que hacía que muchas mujeres renunciasen a trabajar en el momento que decidían ser madres.
En este sentido desde AFAMMER llevamos trabajando muchos años y fruto de ello, fue posible, que gracias también a mi trabajo como diputada nacional, cargo en el que he estado durante veinte años, se reconociese en 2018 un día para el reconocimiento de la conciliación, siendo España el primer país en el mundo con una fecha tan reivindicativa que hoy celebramos y consideramos de gran importancia.
Tal como en 2018 expuse en el Congreso de los Diputados al presentar la iniciativa que hizo posible la instauración de este día, sigue siendo necesario avanzar en materia de conciliación de la vida familiar, laboral y personal y en la corresponsabilidad, en un camino donde debemos implicar a las empresas. Según los últimos datos oficiales, casi la mitad de trabajadores (un 49,55%) no pudo modificar su jornada laboral para asumir responsabilidades relacionadas con el cuidado de otras personas. Sin embargo, lo que es más preocupante es que entre las empresas que sí prevén programas para la conciliación, la demanda de las mujeres sigue siendo muy superior a las de los hombres, un 37,7% frente al 4,9%.
En el primer gobierno del Partido Popular en 1996 se hizo posible que se diesen los primeros pasos en materia de conciliación en España, desde entonces se ha conseguido:
- Mejorar la legislación en el ámbito de la parentalidad positiva.
- Ampliar el permiso de paternidad hasta las dieciséis semanas, que por cierto se está revisando para aumentarlo hasta las veinte semanas, para implicar a los hombres en el proceso de crianza de los hijos que resulta fundamental en ese camino hacia la igualdad.
- Se han ejecutado planes Igualdad en empresas de 50 o más trabajadores.
- O por ejemplo, se ha mejorado en medidas como el teletrabajo.
¿Y los principales obstáculos? ¿Qué se necesita -a nivel político, social y cultural- para que las mujeres, además de las tareas del trabajo remunerado, no deban asumir también el 70% de las tareas del hogar y del cuidado familiar?
El principal obstáculo al que nos seguimos enfrentando es el psicológico y social sobre los que siguen cimentándose nuestra sociedad. Las aceptaciones sociales sobre las que crecen las generaciones son imposibles modificarlas de un día para otro. De ahí que en nuestra sociedad actual, donde podemos hablar de igualdad de oportunidades, aún siguen manteniéndose costumbres e ideas muy ancladas sobre la mentalidad patriarcal.
Es cierto que hemos conseguido dar grandes pasos, pero debemos seguir educando a las nuevas generaciones en esa igualdad real entre mujeres y hombre, en el que ambos sexos se vean como iguales y respeten sus propias diferencias tanto en el ámbito público como privado. Es precisamente en ese feminismo en el que creo; integrador, donde los hombres sean motores también para el impulso que merece el feminismo. Es lo que siempre he defendido y que en AFAMMER es un eje fundamental para cuantas acciones llevamos a cabo desde hace 39 años.
A nivel político se debe seguir trabajando en planes estratégicos consensuados, alejados de los beneficios políticos de unos y otros, porque sólo así se puede implicar de forma global a toda la sociedad. Y por otro lado, se deben buscar los mecanismos que premien a las empresas que verdaderamente contemplen planes de igualdad y entre sus objetivos esté el de la conciliación laboral y familiar. Si no se hace así, seguirán siendo las mujeres las primeras que renuncien a su trabajo para poder ser madres, seguirá habiendo una natalidad baja, seguirá en peligro el sistema de pensiones…entre otros problemas igualmente graves para nuestra sociedad tal como la concebimos.
“La participación de la mujer no debe ser una imposición, sino un derecho reconocido por nuestra sociedad”
Usted ha señalado que, si las horas que las mujeres dedican al cuidado del hogar estuviesen reguladas, se produciría un impacto positivo de 426.372 millones de euros sobre el PIB de España, un 40% del total. ¿Puede desglosarme y detallarme de qué manera habría que actuar para iniciar un cambio de ruta en este sentido?
Así es. Como bien indicas y he afirmado en otras ocasiones, si se reconociese el trabajo de las mujeres en el hogar, se produciría un impacto positivo de 426.372 millones de euros sobre el PIB de nuestro país (un 40% del total). Hay diferentes estudios que respaldan este dato como el de la Fundación La Caixa en el que explican que el valor se ha calculado multiplicando el tiempo de dedicación por el coste medio neto que se pagan por actividades de este tipo en el mercado laboral (8,09 euros). Por aportar un dato más a nivel mundial, según ha publicado Oxfam Intermón, el valor económico del trabajo de los cuidados no remunerados que llevan a cabo en todo el mundo las mujeres a partir de 15 años supondría cerca de diez billones de euros, o lo que es lo mismo, tres veces lo que genera la industria tecnológica a nivel internacional.
En cuanto a la ruta para conseguir su reconocimiento, es compleja. Quizá pase por un sistema mixto en el que empresas y estado asimilen una parte del coste para poder establecer un sistema salarial para las personas dedican al cuidado del hogar. En los seguros sociales se podría aplicar una retención para que en un momento dado pueda costearse un sistema que en un momento dado permita salir del mercado a jornada completa y emplear una serie de horas a ese cuidado de forma remunerada.
Pero es complicado medir cuánto tiempo se dedica al cuidado del hogar y de la familia; cómo demostramos eso, cómo establecemos que realmente los recursos invertidos cumplen este objetivo que perseguimos.
Hace 39 años usted fundó AFAMMER, una organización pionera en la reclamación de los derechos de las mujeres del mundo rural y tuvo un papel relevante en la elaboración de leyes fundamentales para la igualdad como la Ley de Titularidad Compartida en las Explotaciones Agrarias. Desde 2011 hasta 2019, en España solo 471 de las 945.024 explotaciones agrarias se habían acogido al régimen de Titularidad Compartida. ¿Cómo se explica?
A día de hoy ya se cuenta con 804 altas como explotaciones de titularidad compartida. Es una cifra todavía muy baja si tenemos en cuenta que en España existen aproximadamente entre 31.000 y 55.500 mujeres potenciales beneficiarias de la ley de titularidad compartida, tal como indica el propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en su último informe del mes de abril, o lo que es lo mismo, no se ha llegado ni a un 3% del objetivo que nos marcamos cuando se lanzó. [1]
La razón principal es la clara masculinización de nuestros pueblos y de sus trabajos, y la idea de que las mujeres más que trabajadoras son una ayuda para que sus parejas saquen adelante sus campos o sus explotaciones ganaderas. Las mujeres como hemos explicado anteriormente siguen siendo figuras claves en el hogar y en las familias, pero en sectores como el medio rural su aportación sigue siendo un pequeño reducto pese a su importante aportación.
Sin embargo, persisten otras razones como la falta de información respecto a los beneficios que podría acarrear acogerse a la titularidad compartida de las tierras para las mujeres y que en ningún caso perjudica a los hombres. Del mismo modo, desde el gobierno se deben promover sistemas fiscales ventajosos que no graven las duras condiciones de nuestro sector primario y de deben agilizar los trámites burocráticos que muchos casos echa para atrás a quienes quieren acogerse a este sistema. Estos, entre otra serie de condicionantes negativos, han impedido que desde que desarrollamos esta Ley se haya consolidado en el tiempo de la manera en que teníamos previsto.
La tecnología y la digitalización son herramientas fundamentales también para eliminar la brecha de género en el mundo rural. ¿Usted cómo lo ve, y qué iniciativas está promocionando AFAMMER en este sentido?
Sin duda alguna la digitalización contribuye a la igualdad de género porque gracias a ella se crea trabajo, se establecen contactos con el resto del mundo y disponemos de acceso a innumerables servicios que de otra forma serían mucho más difíciles, tales como la educación a distancia o la resolución burocrática, que en nuestros pueblos son más difíciles si cabe porque se tienen menos servicios públicos.
Durante la crisis del coronavirus se ha visto que acabar con la brecha digital en nuestros pueblos es fundamental y ésta es una de las principales reivindicaciones que desde AFAMMER venimos defendiendo desde hace tiempo.
Hablar de Internet en nuestros municipios es hacerlo de oportunidades de mercado, de proyectos de futuro, de asentamiento de población y también de igualdad.
Para promoverlo, desde AFAMMER llevamos a cabo formación presencial en materias digitales, uso de redes sociales o aplicaciones móviles, desde hace casi un lustro venimos desarrollando un programa como Turisabor, enfocado a emprendedores del medio rural a los que se les ofrece internet como un gran escaparate; y actualmente, por poner un ejemplo cercano y de gran importancia para nuestra asociación, estamos desarrollando un programa de formación gratuita para pymes y particulares en municipios rurales de Aragón, Canarias, León, Galicia, Madrid, Cataluña y Andalucía, gracias a Endesa, con el que vamos a llegar a 4.000 personas y a 180 pymes donde se está formando en ecommerce, firma digital y nuevas tecnologías. Por tanto, nuestra apuesta por lo digital es clara y queremos que nuestros pueblos también estén en la vanguardia para que puedan tener un futuro.
¿Cuál es el reto más urgente en tema de paridad real en este momento todavía marcado por la pandemia?
Cuando hablamos de paridad estamos haciéndolo de compartir todos los estamentos sociales con una participación equitativa con representación de hombres y mujeres. En estos momentos en el mercado laboral se da la cuota de paridad o la obligatoriedad de incorporar un cierto número de mujeres dependiendo del tamaño de las empresas.
Sin embargo, mientras no haya un 50% de representación en los órganos rectores, en los gobiernos, en las grandes empresas o en la titularidad de nuestros campos seguiremos teniendo por delante importantes retos a los que enfrentarnos como sociedad.
La participación de la mujer no debe ser una imposición, sino un derecho reconocido por nuestra sociedad. No debemos olvidar que las mujeres ocupan casi un 56% de las matriculaciones en la Universidad a nivel global; y que en el medio rural esta tasa mujeres rurales con estudios universitarios es el doble que la de los hombres (un 20’7 por ciento frente al 10’7 por ciento)”.
Es muy interesante el siguiente gráfico que recoge 50 a 50 Lideratge Compartit. Si nos fijamos, vemos que las mujeres son un 60% en el ámbito universitario, o lo que es lo mismo, acceden en mayor medida a educación superior respecto a los hombres. Sin embargo, a medida que ascendemos en la pirámide el número de mujeres decrece a medida que se asciende en la escala salarial y órganos de poder.
¿Es casualidad? Para nada. Se estima que tendrán que pasar casi 40 años para que se equipare el número de representatividad entre hombres y mujeres si se mantiene el ritmo de incorporación actual. Por tanto, es urgente que se aceleren los ciclos de acceso de las mujeres en estos segmentos hasta ahora reservados a los hombres.
[1] https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/boletin_titularidad_compartida_13_tcm30-560649.pdf
