En la noche del 18 de abril de 2015 se consuma la que se considera la peor tragedia de la historia reciente en el Mediterráneo: un pesquero que transporta más de 700 personas se hunde frente a la costa de Libia. Muy pocos son los supervivientes: 28.
Después de un año, a finales de junio de 2016, se recuperan los restos del pesquero, por decisión del gobierno italiano, que asume el coste de la operación. El barco es remolcado hasta el puerto siciliano de Melilli, cerca de Siracusa, y se coloca en una carpa refrigerada, para ralentizar el proceso de descomposición, y por lo tanto permitir a los forenses examinar los restos. Se recuperan 728 cuerpos. Para coordinar el equipo de médicos, encargan a una mujer, Cristina Cattaneo, una antropóloga forense que dirige el Laboratorio de Antropología y Odontología Forense del Instituto de Medicina Legal de la Universidad Estatal de Milán (Labanof). Cristina tiene experiencia, está acostumbrada a trabajar en casos de grandes desastres, pero es la primera vez que con su equipo tiene que realizar autopsias a cadáveres de inmigrantes muertos en el mar. La primera bolsa negra contiene el cuerpo de un niño, quizás eritreo; dentro del suéter, una pequeña bolsa cosida al tejido… El primer pensamiento de Cristina, acostumbrada a trabajar para los tribunales, es que contiene droga. Sin embargo, es un puñado de tierra que sale de la bolsa de plástico. Como este niño, son muchos los migrantes que se llevan un poco de tierra de su país dentro de una bolsa colgada a la ropa.
“Los objetos recuperados de los bolsillos, la ropa, los trozos de papel ocultos hablan de la vida de estas personas, de sus esperanzas, de su pasado y de lo que pensaban construir”, dice la doctora Cattaneo en una entrevista a un periódico italiano: «Hay carteras llenas de fotografías. Rostros de madres, esposas, niños. Hay listas de números de teléfono, billetes, cartas, perfiles de Facebook para contactar. Hay certificaciones de calificaciones escolares, carnet de estiudiantes, pasaportes. Hay cajas de medicamentos, camisetas de clubes de fútbol europeos, anillos, móviles, memorias».
A partir de los datos recogidos en la primera fase del estudio de los cadáveres recuperados del pesquero hundido en el mar en junio de 2016, se desprende que la mayoría de las víctimas del naufragio del 18 de abril de 2015 son chicos, todos hombres, todos jóvenes. Mali, Senegal, Guinea, Costa de Marfil, Gambia, Eritrea, Etiopía, Somalia y Bangladesh son los principales países de origen de las víctimas. Dos terceras partes de los cuerpos pertenecían a jóvenes de edades comprendidas entre los 20 y los 30 años, mientras que un tercio tenían entre 15 y 17 años.
La primera fase del estudio se completó en Sicilia en octubre pasado; a partir de ese momento, todos los datos deben ser estudiados y archivados en el laboratorio de Milán que dirige Cristina Cattaneo, a la espera de ser consultado por las familias de las víctimas.
Este largo proceso permitirá la identificación de las personas que murieron en el mar. La identificación sirve sobre todo para los vivos, para las familias de los muertos, para aquellos que permanecen y que en la mayoría de los casos no tienen la posibilidad de tener tampoco un certificado de defunción, con todas las consecuencias legales que conlleva para las familias. Hay viudas que no pueden volver a casarse, reagrupaciones familiares que no pueden realizarse, herencias que no se pueden tramitar, precisamente a causa de la falta de este certificado. Estos son los argumentos de la doctora Cattaneo, en respuesta a toda la controversia surgidas en Italia sobre los costes de la recuperación del pesquero.
Según estimaciones de la Organización Mundial para las Migraciones, son 40.000 los inmigrantes muertos en el Mediterráneo desde el año 2000; de ellos, el 65 por ciento no tienen ninguna identidad. Es la mayor tragedia de nuestro tiempo.
Cristina Cattaneo ha publicado recientemente, con la jurista Marilisa D’Amico, un libro titulado «Los derechos ahogados». El libro, entre otras cosas, detalla el marco legal que obliga a todos los estados a hacer todos los esfuerzos posibles para identificar a los inmigrantes muertos en el mar y a informar al respecto a las familias. La identificación de los muertos está protegida por las leyes nacionales e internacionales, incluyendo las cuatro Convenciones de Ginebra de 1949 y sus protocolos posteriores. El derecho humanitario internacional obliga a los estados a la identificación de los cuerpos por respeto a la dignidad de las víctimas; también obliga a las autoridades a proporcionar un entierro digno e individual al fallecido, a registrar su nombre y apellido y toda la información personal para que las familias puedan ejercer su «derecho a saber» el destino de su propio familiar (artículo 26 de la cuarta Convención de Ginebra).
«¿Por qué reservar un tratamiento diferente a estos muertos, en comparación con los muertos de cualquier accidente aéreo en Europa o en el mundo desarrollado?», se pregunta Cristina Cattaneo. «Era justo recuperar el barco, examinar todos estos cuerpos, este proceso ha desvelado más que cualquier historia de supervivientes», y concluía: “En el fondo, el modo en que tratamos a estos muertos desvela el hecho que no le consideramos iguales ni siquiera cuando están vivos”.
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