«La ley no tiene en cuenta que se aborda un tema médico, no político», subraya la Fundación
Para Fundación Madrina, los menores vuelven a sufrir la vulneración de sus derechos debido a la ignorancia administrativa que sitúa al margen la salud de nuestros adolescentes y margina sus derechos. A un menor se le exige la firma de los padres o la del tutor legal para ir de excursión, comprar alcohol o tabaco. Tampoco se le permite sacar el carnet de conducir. Sin embargo, para pedir un paracetamol en la farmacia se exige receta y autorización médica.
Con las políticas sociales que se quieren aplicar en nuestro país con nuestros menores y que se inmiscuyen en las responsabilidades sanitarias, el Ministerio de Igualdad español, quiere dar otra “vuelta de tuerca” sobre la tutela del Estado de nuestros adolescentes. Ya se permite prescribir gratuitamente anticonceptivos a nuestros menores, lo que provoca -según datos de la Fundación-, que haya adolescentes que se tomen hasta 5 pastillas semanales tras tener relaciones con otro menor, lo cual, sin duda es una bomba de relojería para su organismo y puede comprometer a su salud y fertilidad de manera permanente, a parte de su estabilidad emocional y psicológica.
Fundación Madrina entiende que con esta Ley NO se está legislando sobre un derecho social sino sobre una actuación médica y sanitaria cuyo Ministerio no es competente, ya que el aborto es un “acto médico” que requiere consentimiento informado y conocimiento de los tutores legales del menor, debido a que esta intervención médica puede conllevar aparejadas efectos adversos y consecuencias graves de salud que pueden comprometer la vida y la fertilidad de la menor, aparte de los efectos psicológicos permanentes que incluyen intentos de autolesión y estrés post traumático, que se refieren cuanto menor es la edad de la menor.
La entidad considera que hay intereses económicos y lobbies empresariales que desean llevar este tema del aborto al terreno ideológico y desligarlo del sanitario, hecho que perjudica y deteriora gravemente la salud de nuestras menores que quedan vulnerables ante una decisión administrativa como la que observamos y que puede ser el precursor de otras decisiones políticas más que primen el interés empresarial y privado sobre el mayor interés y bien del menor.
Según la OMS en los próximos años aparecerá una “supergonorrea” que pudiera ser letal, al no haber antibióticos que ataquen las “superbacterias” resistentes a todos los antibióticos, como consecuencia de su abuso y uso de manera preventiva durante estos años. Para Fundación Madrina, es de prever que todas las enfermedades de transmisión sexual ETS aumenten significativamente con esta legislación permisiva que atenta contra la salud pública de los menores, y que se prevé verá acrecentar sus datos por el aumento de las relaciones precoces entre menores o con mayores.
Según la experiencia de la Fundación, y al contrario de lo que se cree, cuando una adolescente se queda embarazada, ella no quiere abortar generalmente, y es la presión que sufre la misma joven -a veces abuso o violencia-, y que es ejercida por su familia, especialmente por sus padres o su pareja, la que le conduce a hacerlo. Les amenazan con echarles de casa o desheredarlas – a su edad-, e incluso dejándolas en situación de calle o abandonadas en hospitales o en la propia fundación.
En este sentido, la Fundación, igualmente, denuncia que se hayan eliminado de todas las administraciones autonómicas los DEFENSORES DEL MENOR, y cuyas competencias quedan bajo el paraguas de las mismas administraciones que legislan; así como que no se haya fortalecido y potenciado las unidades policiales que protegen al menor.
Fundación Madrina, exige que haya un Defensor del Menor y una policía especializada para adolescentes y menores en general y embarazadas en particular por su extremada vulnerabilidad, pues se les debe dar protección, ya que sufren en su mayoría episodios de violencia por parte de su pareja y/o familia.
Madrina cree que esta legislación levantada desde el Ministerio, solo provoca que esta violencia contra la menor se consolide por parte de la pareja o familia, ya que no se tiene en cuenta ni la protección ni el testimonio de las menores.
Al mismo tiempo, existen algunas causas que provocan este aumento de embarazos no deseados entre menores, uno de ellos es el sistema educativo que da una información sexual NO ADECUADA, otro es que los delitos sexuales y violaciones han subido un 32%. En este sentido, la Fundación Madrina considera que esta educación debe ser realizada en el hogar por los padres, y si la delegan en el colegio, la información debiera ser más TUTELADA y PERSONALIZADA. En este sentido, estudios realizados en países anglosajones infieren que ante una mayor información en colegios se da más embarazos en adolescentes, por lo que concluyen que esta educación debe ser `personal y tutelada.
Por todo ello, Fundación Madrina considera que el Ministerio de Igualdad juega con la salud de nuestros menores, considerando equivocadamente que el aborto es un derecho, cuando el derecho es a la salud de la mujer y a la salud materno infantil.
Madrina considera además que se debe prevenir el embarazo adolecente, pero que una vez que está la menor o adolescente debe ser defendida y protegida, tanto legalmente como sanitariamente, éste último adecuando los protocolos médicos en hospitales donde se aplican protocolos de pediatría a las adolescentes, como el caso de menores de 11 y 12 años que ha tenido Fundación Madrina.
