Madrina entiende que se está legislando no para defender al menor y su mayor interés, sino para cumplir una agenda política cargada de ideología
Fundación Madrina denuncia que la nueva ley del aborto usa la salud pública para atentar contra el “mayor interés del menor”, vulnerando los derechos de la mujer menor, y el derecho de patria potestad de los padres sobre sus hijos menores de edad.
Esta nueva ley atenta gravemente contra la salud pública, vulnerando, además, los derechos fundamentales de nuestros menores y adolescentes, y usurpándoles el derecho a la maternidad mientras se les impone legalmente abortar. Cada día se viola más los derechos de la mujer en lugar de fomentar su mayor libertad y defensa de sus derechos.
Fundación Madrina considera que el Ministerio de Igualdad juega con la salud de nuestros menores y atenta contra los derechos de la mujer, considerando equivocadamente que el aborto es un derecho, cuando el derecho es a la salud de la mujer y a la salud materno infantil.
Con las políticas sociales que se quieren aplicar en nuestro país con nuestros menores y que se inmiscuyen en las responsabilidades sanitarias, el Ministerio de Igualdad español, quiere dar otra “vuelta de tuerca” sobre la tutela del Estado de nuestros adolescentes. Ya se permite prescribir gratuitamente anticonceptivos a nuestros menores, lo que provoca -según datos de la Fundación-, que haya adolescentes que se tomen hasta 5 pastillas semanales tras tener relaciones con otro menor, lo cual, sin duda es una bomba de relojería para su organismo y puede comprometer a su salud y fertilidad de manera permanente, a parte de su estabilidad emocional y psicológica.
Fundación Madrina entiende que con esta Ley no se está legislando sobre un derecho social sino sobre una actuación médica y sanitaria cuyo Ministerio no es competente, ya que el aborto es un “acto médico” que requiere consentimiento informado y conocimiento de los tutores legales del menor, debido a que esta intervención médica puede comportar efectos adversos y consecuencias graves de salud que pueden comprometer la vida y la fertilidad de la menor, aparte de los efectos psicológicos permanentes que incluyen intentos de autolesión y estrés post traumático, que se refieren cuanto menor es la edad de la menor.
Según la OMS en los próximos años aparecerá una “supergonorrea” que pudiera ser letal para las mujeres, al no haber antibióticos que ataquen las “superbacterias” resistentes a todos los antibióticos, como consecuencia de su abuso y uso de manera preventiva durante estos años. Para Fundación Madrina, es de prever que todas las enfermedades de transmisión sexual ETS aumenten significativamente con esta legislación permisiva que atenta contra la salud pública de los menores, y que se prevé verá acrecentar sus datos por el aumento de las relaciones precoces entre menores.
Madrina no entiende como a una menor “se le exige la firma de los padres o la del tutor legal para ir de excursión, comprar alcohol o tabaco y que tampoco se le permita sacar el carnet de conducir y, sin embargo, si se les permitirá abortar o tomar anticonceptivos sin permiso de sus padres o tutores. La Fundación entiende que estamos ante leyes al servicio de la ideología.
Fundación Madrina entiende que los políticos tienen el deber de activar soluciones a los problemas de la mujer embarazada, y no a generar más problemas y violar sus derechos.
Asimismo, sabemos que el Gobierno eliminará la ‘incapacitación’ y la tutela de las personas con discapacidad y las sustituirá por ‘apoyos’. Entonces, por qué no decimos que “los padres son meros apoyos” y, por tanto, que será “el Estado quien tutele y decida las supuestas autorizaciones y libertades de las menores” y no sus padres. Volvemos al principio de que “los niños (menores) son del Estado”.
Madrina entiende que “cuando el Estado se entromete en el seno de la familia, y vulnera y agrede los derechos de los menores, la sociedad esta a punto de quebrar.”
Lo que está claro, es que se está legislando no para defender al menor y su mayor interés, sino para cumplir una agenda política cargada de ideología. Cuando se quiere destruir los derechos fundamentales e imponer otros, estos se imponen por la fuerza de las leyes, porque la ley crea cultura a largo plazo. Es decir, lo que no se consigue con los votos se impone por la Ley.
Asimismo, es una prueba más de cinismo, incongruencia, y de una doble vara de medir, ya que, por una parte, elimina la patria potestad de los padres sobre los menores para impedirles ser madres y, por otra parte, (la Fundación Madrina como defensora de los derechos de la mujer madre, aprecia en sus actuaciones con menores que) se usurpa a niños nacidos de menores en los hospitales públicos por parte de los servicios sociales, usurpando asombrosamente la patria potestad y libertad de las menores madres que desean serlo, y atribuyéndoselo a otras menores que quieren deshacerse del menor en el seno materno.
Fundación Madrina denuncia también la presión que se ejerce desde la administración social a las madres para que aborten en vez de fomentar la natalidad. Igualmente, manifiesta el hecho de que cuando una menor da a luz, los servicios sociales le arrebatan al niño alejándolo de la madre, decidiendo incluso cuando se debe cortar el pecho materno, sin contemplar los derechos de la madre ni del menor nacido, y sin respetar el vínculo de apego ni los derechos del menor. Madrina considera que una trabajadora social no puede decidir el cortar el vínculo de una madre y su hijo y decidir que ese niño se le debe quitar a la madre, esto lo debe hacer un juez en juicios rápidos.
Igualmente, Fundación Madrina defiende el derecho de la madre, aunque sea menor, a tener y poder cuidar de su hijo, y defiende que solo un juez pueda tener potestad para imponer una “orden de desamparo” y en consecuencia quitar la patria potestad a la madre, y no sea un trabajador social quien lo dictamine. Denuncia, por tanto, la intromisión de la administración pública en los derechos de las familias y del menor.
Esta legislación cargada de ideología, puede llegar a significar un hecho “de facto” que se elimine totalmente la edad mínima de la menor y la salvaguarda de sus derechos, es decir, que, si para unas decisiones –especialmente sanitarias-, no se la considera menor de edad y con la obligación de someterse al cuidado de los padres, hay otras decisiones –p.e. “pedir permiso para ir de excursión en un colegio”-, que si se la considera “menor incapaz”. Se vulnera aquí el propio “principio de decisión del menor” que los políticos paradójicamente indican defender y, sobre todo, vulneran y destruyen el principio de “mayor interés del menor” y el de “patria potestad”, sobre los que ya no hay defensa.
Madrina denuncia que la administración da más facilidades para abortar a una menor, – incluso les amenaza con quitarle el bebe si nace-, que ayudas para que la madre salga adelante con sus hijos, usurpando de este modo el derecho a la maternidad. E llamativo apreciar que, si te niegas a abortar, hay amenazas de que te pueden quitar las ayudas, y si eres menor, te amenazan con arrebatarte al bebe nacido.
Por otra parte, la entidad considera que hay intereses económicos y lobbies empresariales que desean llevar este tema del aborto al terreno ideológico y sanitario, hecho que perjudica y deteriora gravemente la salud de nuestras menores que quedan vulnerables ante una decisión administrativa como la que observamos y que puede ser el precursor de otras decisiones políticas más que primen el interés empresarial y privado sobre el mayor interés y bien del menor.
Según la experiencia de la Fundación, y al contrario de lo que se cree, cuando una adolescente se queda embarazada, ella no quiere abortar generalmente, y es la presión que sufre la misma joven -a veces abuso o violencia-, y que es ejercida por su familia, especialmente por sus padres o su pareja, la que le conduce a hacerlo. Les amenazan con echarles de casa o desheredarlas, incluso dejándolas en situación de calle o abandonadas en hospitales o en la propia Fundación.
Fundación Madrina, denuncia que se hayan eliminado de todas las administraciones autonómicas los defensores del menor, y cuyas competencias quedan bajo el paraguas de las mismas administraciones que legislan; así como que no se haya fortalecido y potenciado las unidades policiales que protegen al menor.
Fundación Madrina, exige que haya políticas de prevención, un Defensor del Menor y mayores recursos de acogida y formación para adolescentes y menores embarazadas por su extremada vulnerabilidad, ya que sufren en su mayoría episodios de violencia por parte de su pareja y/o familia.
Madrina cree que esta legislación levantada desde el Ministerio, solo provoca que esta violencia contra la menor se consolide por parte de la pareja o familia, ya que no se tiene en cuenta ni la protección ni el testimonio de las menores.
Finalmente indicar que, existen algunas causas que provocan este aumento de embarazos no deseados entre menores, como la creencia de falsos mitos, creer que se deben tener relaciones sexuales para relacionarse entre adolescentes, un sistema educativo que da una información sexual no adecuada.
En este sentido, la Fundación Madrina considera que esta educación sexual debe ser realizada en el hogar por los padres, y si la delegan en el colegio, la información debiera ser más tutelada y personalizada. En este sentido, estudios realizados en países anglosajones infieren que ante una mayor información en colegios se da más embarazos en adolescentes, por lo que concluyen que esta educación debe ser personal y tutelada.
